Defensor del pueblo en España investiga a psicólogos de juzgados de familia

Version Original Enrique Múgica, Defensor del Pueblo
Artículo tomado del semanario Panorama. es, febrero de 2007 -Actual > Sociedad >

CIENTOS DE PERSONAS DENUNCIARON LA AUSENCIA DE GARANTÍAS PROCESALES Y LA FALTA DE PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN, ENTRE OTRAS COSAS
El Defensor del Pueblo ha abierto una investigación sobre posibles irregularidades en el funcionamiento de los equipos psicosociales adscritos a los Juzgados de Familia de Valencia y del resto de comunidades españolas. De hecho, la Defensora del Pueblo Adjunta, María Luisa Cava de Llano, ha confirmado estas actuaciones iniciadas "ante los escritos presentados que denuncian las actuaciones de los peritos de las Salas de Familia". Los equipos psicosociales son los encargados de emitir informes a los jueces de Familia tras un proceso de separación o divorcio en parejas con hijos. Su misión es proponer la mejor situación de los hijos tras la ruptura. Sin embargo, a la vista de las denuncias presentadas por ciudadanos afectados, el Defensor del Pueblo ha decidido actuar. De hecho, se trata de la primera vez que la institución investiga las reclamaciones y acusaciones ejercidas por cientos de ciudadanos y que María Luisa Cava de Llano resume que los denunciantes se quejan de la ausencia de garantías procesales; de la falta de rigor y de constancia de los testimonios que puede llevar a la tergiversación por parte de los peritos; de la carencia de protocolos de actuación por parte de los equipos psicosociales; de la imposibilidad de protegerse frente al error; de la falta de marco legal de estos equipos que les sitúa en el "limbo" y el hecho de que muchos de dichos peritos ni tan siquiera están colegiados; y finalmente, el nulo control y fiscalización al que no son sometidos. Por todo ello, el Defensor del Pueblo se dirigió al Ministerio de Justicia y a las autonomías con competencias en Justicia para recabar información sobre los equipos psicosociales. "Dirigimos una carta a todos para preguntarles si eran conocedores del malestar ciudadano, para saber si habían constatado dichas deficiencias y en caso de reconocerlas, qué medidas prevén adoptar", asegura la Defensora del Pueblo Adjunta quien añade que también se les ha preguntado a todas las autonomías por el régimen jurídico de los equipos psicosociales y por la existencia de protocolos.

Valencia no responde.
De momento, la Generalitat no ha respondido a la institución mientras sí lo han hecho los gobiernos autonómicos de Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, Canarias y el secretario de Estado de Justicia. "Estamos remitiendo nuevos escritos a los gobiernos regionales que aún no han contestado para contar cuanto antes con una visión global", señala María Luisa Cava de Llano. Una vez se recoja toda la información, se elaborará un informe con todas las sugerencias dirigidas a los gobiernos autonómicos y al Ministerio de Justicia. Las denuncias sobre las anomalías en los equipos psicosociales son una constante que no hacen sino que aumentar, sobre todo a medida que la tasa de rupturas matrimoniales es cada vez mayor. Recientemente, el padre de una menor de seis años, denunció ante el Fiscal Jefe de la Audiencia de Valencia y ante las Consellerías de Justicia y de Bienestar Social, a un psicólogo del equipo psicosocial de Valencia, por emitir informes en los que recomendaba que la niña continuara bajo la guarda materna a pesar de haber reconocido que la madre agredía y abusaba de la menor. Al mismo tiempo, el psicólogo especialista en Familia y Menores, Julio Bronchal, afirmó hace unos meses en estas páginas tras estudiar centenares de informes de los equipos psicosociales que se estaban "conculcando derechos fundamentales". En una línea similar se pronunció el presidente de la sección de Familia del Colegio de Abogados y vocal de la Asociación Española de Abogados de Familia, Isidro Niñerola, al afirmar que "los informes de los psicólogos del equipo adscrito a Familia no ahondan verdaderamente en lo que es mejor para el menor, no van más allá de las entrevistas y los tests, lo que imposibilita contrastar la información y conocer la verdadera situación de los menores como son sus interacciones con padres y familiares".
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